"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."
Si nos atenemos a la literalidad del precedente artículo de nuestra Carta Magna, no hay motivo para que nadie sea tratado de manera diferente ante las decisiones de la Administración sea cual sea su función y en particular a la Administración de Justicia, pero muchas veces podemos ver que se dictan resoluciones judiciales contradictorias en casos que aparentemente son prácticamente iguales, pero casi siempre no tenemos noticias de las distintas circunstancias que pueden hacer que ante una misma situación prácticamente ante los mismos "actores" estas circunstancias son las eximentes o agravantes,
Dentro de las circunstancias eximentes, hay de dos tipos, las eximentes completas o las incompletas.
Ante situaciones extremas, el estado de salud mental del individuo es muy importante conocerlo, para poder tomar la decisión más justa, pues así podemos tener claro dictar una sentencia en un sentido o en otro, dependiendo el grado de comprensión volitiva o de enajenación mental, pues quien no tiene el mismo nivel de inteligencia de la media o incluso teniéndola superior, pueden no ser suficiente para que una persona sepa a ciencia cierta que lo que está haciendo, es o no es muy grave, como por ejemplo en asesinatos. Para los familiares de la víctima, dichas circunstancias evidentemente no les calma su alma, pues la verdad es que desgraciadamente esa persona ya no va a volver a poder estar con sus familiares o amigos, nada compensa una pérdida absoluta de una persona.
No todas las eximentes son completas y si cabe aplicar un castigo, aunque menos oneroso que si el delito se hubiera cometido en plena facultades mentales.
También podemos observar que la pena puede verse agravada por diferentes circunstancias, como la nocturnidad y la alevosía, es decir aprovecharse del manto oscuro de la noche y además causar un daño innecesario a la victima, como producirle lesiones no letales a la misma antes de acabar con su vida, aunque un servidor le parece que quitar la vida a alguien por motivos espurios, para robarle, violarle o simplemente por diversión es ya en sí innecesario, claro que esta es la apreciación de la sociedad en general.
Esta entrada no pretende ser con intención de dar lección alguna a nadie, solo es una reflexión, para que las personas con una perspectiva ideologizada de la justicia, pero no demasiada, entiendan que si en la realidad no jurídica de nuestras vidas no todo es blanco o es negro, tampoco lo es, ni mucho menos en el mundo jurídico, además debemos tener en cuenta que la ley es interpretable y es ahí donde el sentido estricto de la palabra justicia es donde el juzgador lo aplica o no.
La propia Constitución establece algunas excepciones, que si bien las debemos acatar todos, no me parece que deban existir, como por ejemplo la inviolabilidad del Rey, pues no todos los actos del Jefe del Estado se hacen bajo ese "estatus" y sinceramente creo que si cualquier persona comete cualquier delito, debe ser juzgado como cualquier ciudadano, no me opondría por supuesto que en este caso, debiera ser juzgado en el Supremo, pero nada más.
Otra cosa que eliminaría es la necesidad de pedir el suplicatorio, cuando el investigado tenga la condición de Diputado o Senador, dicha necesidad no existe si el parlamentario es cogido "in fraganti". El suplicatorio o dicho de otro modo la solicitud de permiso para enjuiciar a un parlamentario, hace un flaco favor al imperio de la ley y a la independencia del Poder Judicial .
Un servidor no concibe ni en el ámbito judicial, administrativo o social que haya trato desigual ante una misma situación, salvo en lo que ya he expuesto en los párrafos anteriores, a los que añado la condición de menor de edad, que a todas luces es evidente que importante ante cualquier decisión de reprender o no reprender al menor en las distintas vías, de corrección de comportamiento, es a este grupo social al que sí que se ha de tener una especial protección, aunque siempre se deberá tener en cuenta las circunstancias de sus actos, para atenuar, eximir o agravar del posible castigo a recibir y a las medidas de protección de la víctima sea quien sea, pero en especial a una víctima menor de edad.
Realmente lo que estoy manifestando es que la injusticia del trato desigual por cualquier circunstancia social, sea cual sea en nuestra sociedad no solo en el ámbito jurídico, sino en general, es lo que hace menos democrática nuestra sociedad, pues finalmente, aunque tengamos mecanismos para corregir estas discriminaciones, lo que deberíamos inculcar es que la discriminación es discriminación incluso la positiva, pues a la larga se comete una injusticia en el afan de intentar de buena fe proteger a una determinada persona.
También existe la agravante de "abuso de confianza", es decir si la persona que comete el delito, sea cual sea, si aprovecha que la víctima no puede sospechar que la persona que comete un delito contra ella pueda ser alguien cercano o mejor dicho cuando el delincuente aprovecha las circunstancias de familiaridad o de amistad con la víctima para cometer el delito, sea este de agresión o no.
La sociedad debe caminar en una verdadera cultura de igualdad para que los abusadores no estén motivados a imponer a nadie su "estatus" de "superioridad" sea cual sea este tipo de superioridad.
Hemos visto como todo un Presidente del Gobierno ha contradicho al más alto Tribunal, con la aprobación de los indultos. En alguna otra parte he dicho que la medida de gracia de Sánchez es legal, pero injusta, cabe preguntarse si no estaríamos ante la figura de prevaricación. 
